El Gobierno de Aragón licita el nuevo Hospital de Teruel por más de 103 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado los gastos plurianuales correspondientes a los seis contratos para la construcción del nuevo Hospital de Teruel, por un importe total que supera los 103 millones de euros y con un plazo de ejecución de 46 meses. También se han adoptado, entre otros acuerdos, la aprobación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la Plataforma Agroalimentaria de BonÁrea en Épila, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Contratos del Sector Público, el proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad o la financiación estable de los grupos de investigación con un incremento de la dotación hasta 9 millones de euros plurianuales.

El nuevo hospital de Teruel vendrá a sustituir al actual Obispo Polanco. La población actual asignada al sector sanitario de Teruel cuenta asciende a 74.930 personas, con un 12,25% menor de 14 años y un 23,91% mayor de 65 años. El presupuesto de las obras se distribuye en cinco anualidades, con 1,8 millones de euros este año; 19,3 millones en 2019; 29,2 en 2020; 29,5 en 201 y 23,5 millones en 2022.

El proyecto plantea un centro de 78 habitaciones dobles (156 camas) más 56 individuales (49 individuales y 7 polivalentes, que pueden usar como dobles o como individuales y que se ubicarán en el Servicio de Obstetricia). En total, son 212 camas que pueden convertirse en 219 si fuera necesario y a las que se suman 12 camas de UCI y 5 cunas de neonatos. El centro contará también con un bloque quirúrgico de 8 quirófanos, un Hospital de Día Quirúrgico con 10 puestos, área de Urgencias y zona ambulatoria.

El Consejo de Gobierno también ha dado un paso más para el impulso de la plataforma agroalimentaria de BonÁrea en Épila al aprobar, inicialmente, el PIGA (Plan de Interés General de Aragón). A partir de ahora se podrán continuar con los trámites con la previsión de que en otoño se produzca la aprobación definitiva y el Gobierno de Aragón pueda licitar el contrato para las obras de urbanización de la plataforma.

Desde el Gobierno de Aragón se siguen dando los pasos necesarios para que la implantación de esta plataforma sea una realidad en los plazos establecidos. En este proyecto se une el trabajo conjunto de los departamentos de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Desarrollo Rural y Sostenibilidad y Economía, Industria y Empleo.

Una vez se apruebe definitivamente el PIGA se procederá a la licitación de las obras que se adjudicarán en la primavera del 2019. Se prevé un presupuesto de licitación cercano a los 18 millones de euros con todas las fases incluidas.

Asimismo, se ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014l/23/U y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En la última reunión de la Comisión Bilateral de cooperación con el Gobierno central el pasado 18 de mayo se descartó alcanzar el acuerdo que había ofrecido el Gobierno de Aragón para dirimir las diferencias sobre los “vicios de inconstitucionalidad” que apreciaba la Administración autonómica en la ley estatal. Por lo tanto, para el Gobierno de Aragón persisten los argumentos que justifican la interposición del recurso ante el Alto Tribunal y hoy se ha decidido impugnar 101 preceptos de la ley estatal; 92 artículos y 9 disposiciones
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La Secretaría General Técnica (SGT) de la Presidencia agrupa en cinco bloques los preceptos a impugnar: el primero por alterar el sistema constitucional de distribución de competencias, el segundo por la naturaleza no básica de prescripciones de detalle o procedimiento, el tercero por considerar no admisibles las normas supletorias establecidas en la ley estatal, el cuarto por la vulneración de la potestad de auto-organización de la Comunidad Autónoma y por último otros preceptos que vulneran el concepto material de bases.

El Consejo ha aprobado igualmente el Proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, una iniciativa coordinada por el Departamento de Presidencia y que ha sido presentada por el de Ciudadanía y Derechos Sociales después de un proceso de participación.

El objetivo es avanzar en la regulación autonómica con una ley que garantice que, tanto el marco normativo vigente, como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad las sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y promuevan acabar con los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos.